EDITORIAL
Estados y municipios: atención y esclarecimiento necesarios
En aplicación de la ortodoxia neoliberal que preconiza el principio de dejar hacer, dejar pasar, el gobierno federal ha anunciado en días recientes que no se emprenderá rescate alguno de los estados y municipios que han incurrido en sobrendeudamiento e incluso en incumplimiento de pagos en los últimos meses. En la lógica de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, un salvamento semejante equivaldría apremiar el manejo irresponsable de las finanzas públicas y sentaría un mal precedente para casos similares en el futuro.
Ciertamente, la conducción de la deuda pública por parte de varios gobiernos estatales y municipales en los últimos seis años (periodo en que el indicador correspondiente creció en casi 150 por ciento) dista de haberse efectuado, en muchos casos, con plena transparencia y responsabilidad. La postura del gobierno federal, sin embargo, resulta sumamente reduccionista de cara a una problemática comparable en magnitud al desfalco del Fobaproa, y que podría derivar en una nueva amenaza para el desarrollo y las finanzas nacionales.
Hay, por principio de cuentas, numerosos factores que confluyen en la proliferación del sobrendeudamiento estatal y municipal, que van mucho más allá de la simple irresponsabilidad de los gobernadores y los ediles. De acuerdo con un estudio elaborado por la firma Standard and Poor’s, algunos de esos elementos causales son la falta de directrices eficientes en materia de transparencia, la escasa planeación financiera y la falta de una política formal de deuda y liquidez. Por su parte, el senador perredista Mario Delgado añadió a esa lista las secuelas de la crisis económica de 2008 –la cual, cabe recordar, fue desastrosamente manejada por la administración federal en turno– y las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que cambiaron la fórmula de distribución de las participaciones federales y afectaron severamente las finanzas de algunas entidades y ayuntamientos.
En tales condiciones, las autoridades tienen la obligación de enfrentar el problema con la seriedad debida, atendiendo sus causas y sus posibles consecuencias, y es posible que un rescate a costa del erario, así sea sólo para algunos de los municipios en problemas, resulte inevitable. En todo caso, una obligación fundamental de las autoridades federales y del Poder Legislativo es emprender una investigación contable exhaustiva en la que se establezca qué parte de los faltantes financieros fue empleada en forma legal y qué porcentaje fue ejercido de manera irregular; una pesquisa judicial que determine las responsabilidades administrativas o penales de diversos funcionarios, y sanciones a entidades financieras que pudieron haber otorgado créditos en forma poco escrupulosa a los gobiernos con dificultades.
Por otra parte, no puede pasarse por alto que el grueso de las deudas contraídas por las administraciones de estados y municipios se acentúa en los años previos a los periodos de transición gubernamental y en tiempos electorales, en los que suele proliferar el reparto masivo de dinero y bienes en especie a gran escala entre los votantes, y el repunte de la inversión en programas sociales de claro tinte electorero, tanto federales como locales. Investigar la posible conexión entre el endeudamiento de los estados y las campañas proselitistas resulta, pues, impostergable.
Finalmente, esa crisis de endeudamiento tendría que encender los focos de alarma respecto del crecimiento desmedido en los débitos del sector público federal, no sólo porque han crecido a un ritmo equiparable al de los otros dos niveles de gobierno, sino porque representan una afectación mucho más severa a las finanzas de la nación: baste señalar que mientras la deuda de estados y municipios equivale a poco más de 3 por ciento del PIB, la deuda pública federal representa 35 por ciento. La corrección de esa tendencia, el
esclarecimiento de las razones que llevaron al país a semejante ritmo de endeudamiento y la aplicación de las sanciones civiles o penales a que haya lugar son tareas ineludibles si lo que se quiere es concretar un avance verosímil y sustanicial en materia de transparencia y rendición de cuentas.
NOTA
Pide Barbosa que la cruzada contra el hambre no sea un acto “mediático”
El coordinador de los senadores perredistas señaló que la medida sea de fondo para erradicar la situación que padecen millones de personas en este país.
Ciudad de México • El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta pidió que la Cruzada Nacional contra el Hambre que el gobierno federal iniciará el próximo lunes no sea solo de “impacto mediático”, sino que exista una fuerte articulación gubernamental e institucional con la sociedad para terminar con la escasez y la miseria en que viven millones de mexicanos.
“Pero esta gran tarea nacional debe articular a la sociedad en su conjunto y no limitarse a la alineación bajo una imagen institucional a los programas ya existentes”, dijo.
“Sería positivo que el próximo lunes, cuando el gobierno federal y las secretarías del ramo, anuncien la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre se pongan sobre la mesa acciones de fondo para erradicar esta situación que padecen millones de personas en este país”, señaló Barbosa Huerta.
El Presidente del Instituto Belisario Domínguez indicó que desde los ámbitos de gobierno e institucional del Estado mexicano deben articularse decisiones políticas, económicas y sociales “para acabar con la escasez de alimentos y la miseria de millones de mexicanos”.
Miguel Barbosa Huerta señaló que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en su informe de acceso a la alimentación 2011, identificó que casi 25 de cada 100 personas registra carencias de acceso a la alimentación.
“Si esta proporción se mantiene, para 2013 cerca de 30 millones de personas necesitarían apoyos alimentarios”, mencionó el senador del PRD.
También hizo referencia a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la cual reveló que 70 de cada 100 hogares manifiesta algún grado de inseguridad alimentaria.
“La conclusión general es la existencia de un grave problema de seguridad alimentaria, desnutrición, de acceso desigual a los alimentos y de graves repercusiones en la salud”, expuso.
El coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República consideró que la Cruzada Nacional que habrá de realizarse en 400 municipios del país con mayores índices de marginación cuenta con recursos insuficientes.
Se aplicará, dijo, el Programa de Apoyo Alimentario, con 4 mil 224 millones de pesos; el Seguro de Vida para Jefas de Familia, con un monto de 400 millones pesos; y la Pensión para Adultos Mayores, con 26 mil millones de pesos.
“De entrada parece que los recursos destinados inicialmente a la Cruzada distan mucho de ser suficientes para resolver esta situación. La solución de fondo al hambre, en particular, y la pobreza, en general, se encuentra en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo”, aseguró el senador Miguel Barbosa.
“Como sociedad necesitamos sumar esfuerzos en grandes tareas nacionales, una de estas tareas es la lucha contra la pobreza y una de sus manifestaciones más desgarradoras: el hambre, esa escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada”, insistió.
Reafirmó el compromiso del PRD en el Senado de la República para lograr erradicar este grave problema, “esperaremos las acciones específicas que el gobierno anuncie en esta materia y pondremos sobre la mesa nuestras propuestas, porque la lucha por la igualdad y en contra de pobreza ha sido y será una de nuestras prioridades”.
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